Represión en Budapest

Piero Neri 01 de abril de 2020

Giovanni Marino, 2 de abril de 2020

Por amplia mayoría, el parlamento húngaro ha concedido sin límite de tiempo plenos poderes al primer ministro Viktor Orban. Ahora puede gobernar a golpe de decretos, cerrar el parlamento, suspender las leyes existentes y encarcelar a quienquiera que cuestione los datos oficiales sobre la difusión del coronavirus.

Es otro gravísimo ataque a las libertades, que denunciamos rotundamente. El voto parlamentario amplía ulteriormente las disposiciones de emergencia en vigor desde el 11 de marzo pasado y en consecuencia los poderes del gobierno, que ya controla los principales medios de comunicación y el poder judicial y que en los últimos años ha destacado por los durísimos ataques hacia los inmigrantes y a las condiciones de los trabajadores.

Por desgracia, es fácil prever que tales medidas –que se han querido justificar con la pandemia en curso– aumentarán en cambio los riesgos para la salud de todas y todos: Hungría, que según los datos oficiales todavía ha sido sólo marginalmente afectada por el contagio, no está preparada en absoluto para afrontar la pandemia.

Orban, el amigo de Savini, encarna de forma extrema una línea de tendencia difundida en todas las democracias del mundo, desde los Estados Unidos de Trump hasta el Brasil de Bolsonaro, desde la Gran Bretaña de Johnson hasta la India de Modi: en su decadencia, ésta muestra su rostro más brutal y antipopular, corrupto e incapaz, autoritario y de élite.

Centenares de miles de personas se han aglomerado en las estaciones de tren y de autobús de diversas ciudades indias para volver a sus pueblos porque ahora están sin trabajo ni sustento. Son millones los trabajadores inmigrantes del campo en las megalópolis que ahora, si no encuentran medios de transporte, tienen que realizar a pie un viaje incluso de centenares de kilómetros, sin mascarillas, desinfectantes, a menudo sin comida ni agua suficientes. Varios ya han muerto por las penurias y la fatiga, quizá más de los que haya matado hasta ahora el COVID. Es uno de los trágicos resultados de la cuarentena de 21 días iniciada el 24 de marzo, cuando los contagios verificados eran inferiores a mil.

Decretada por el presidente Modi –amigo de Trump– y por su régimen supremacista hindú y fascistoide, esta medida no está dirigida a la prevención y al cuidado, sino más bien a una demostración de autoritarismo cínico e irresponsable, gestionada con la represión y la habitual brutalidad de la Policía. Con este éxodo de los inmigrantes de las megalópolis, con centenares de millones de personas que ya viven en pobreza y en espacios superpoblados, insalubres y sin asistencia médica, el resultado de esta cuarentena será el de facilitar el contagio más que contenerlo. Hará aún más difícil la vida de quien sufre la hambruna, expondrá al flagelo de otras patologías que ya afligen a los más pobres, las personas discriminadas por el infame sistema de las castas y por el criminal supremacismo hindú. Pero Modi y sus cómplices tendrán la demencial “satisfacción” de haber ordenado la mayor cuarentena del mundo, la de un país con 1300 millones de personas, sus víctimas serán un “daño colateral”.

El régimen fascistoide de la más poblada democracia del mondo ordena una cuarentena criminal, despliega a la Policía, no ofrece ayuda a los necesitados ni productos médicos y favorece el contagio. La gente de la India tendrá la necesidad de sobrevivir y defenderse no sólo del COVID, sino también de un régimen asesino, cuyo presidente hace menos de un año ha recibido, por desgracia, un amplísimo apoyo electoral.