El 1 de octubre de este año escribimos una rápida toma de posición como Socialismo Libertario acerca de la sublevación policial que tuvo lugar en Ecuador el 30 de septiembre, la cual supuso una grave crisis institucional que costó la vida a trece personas, con decenas de heridos, algunos de ellos muy graves. Queremos aprovechar estas líneas para realizar un análisis más detenido de lo acaecido, que permita además profundizar la caracterización del gobierno Correa, ya que algunas de las consideraciones que hacíamos en esa toma de posición hay que matizarlas (como las que se referían a su apoyo popular) y explicarlas de un modo más pormenorizado.
Buena parte de la discusión que se ha desencadenado en la izquierda latinoamericana y mundial ha tratado a cerca de si se trataba o no de un Golpe de Estado. De hecho el gobierno de Correa ha pretendido hacer del reconocimiento de este hecho un dogma que excluya “de la izquierda” a todos aquellos que no lo reconozcan. Además centrarse en lo acontecido puede obnubilar la caracterización y la comprensión de lo que es el gobierno Correa y los desafíos de una búsqueda de la liberación.
En cualquier caso, para nosotras/os parece esclarecerse, con el paso de los días, que no se trató de un Golpe de Estado planificado, ya que éste exigiría una preparación, una determinación y una fuerza, un mando unificado con el que no contó lo sucedido el 30 de septiembre. Obviamente dicha sublevación policial fue como mínimo utilizada e instrumentalizada por sectores reaccionarios de la derecha ecuatoriana como los representados por la Sociedad Patriótica del ex Teniente Coronel Lucio Gutiérrez (ex Presidente de Ecuador tumbado por la rebelión popular) al mismo tiempo que el Decreto de Estado de Excepción del Presidente Correa convirtió al Ejército en el árbitro de la convulsionada escena política ecuatoriana.
Ahora Correa, como es obvio, está tratando de utilizar en su beneficio la intentona policial para solidificar su legitimidad. Pero la situación política ecuatoriana no se augura fácil. De todos modos nos parece importante caracterizar la naturaleza del gobierno Correa, se trata de un gobierno (en la estela de otros como el de Chávez o Evo Morales, aunque con diferencias importantes entre sí) con un profundo carácter presidencialista y bonapartista en torno a su persona, presentada por encima de la sociedad y sus conflictos y que trata de reconstruir las posibilidades del Estado-nación ecuatoriano en profunda crisis desde finales del siglo pasado, a través un nuevo intento de modernización capitalista; fundamentando una política económica basada en la extracción de recursos naturales, acuerdos con viejas y nuevas transnacionales, persiguiendo un nuevo desarrollismo del Estado y del capitalismo. De este modo se liga a algunos sectores empresariales más vinculados al mercado interior frente a otros más encaminados a Washington y a la exportación. Es un intento de desarrollo burgués y capitalista, que en concomitancia con alianzas con otros gobiernos de la zona (Venezuela de Chávez o la Bolivia de Evo Morales pero también el Brasil de Lula y sin romper ni mucho menos con Estados Unidos como demuestra la reciente visita de Hillary Clinton a Quito) pretende desarrollar una política de redistribución parcial de la riqueza dentro de un marco de reformas constitucionales y de reconstrucción estatal, un intento de salida desde arriba y sin rupturas políticas con el orden establecido. Es muy importante, por ende, que no se presente esta modernización capitalista y estatal como revolución, ni siquiera “ciudadana”. Es importante aunque sea como esfuerzo de precisión y de no “auto engaño”.
Obviamente, el gobierno de Correa y su “Alianza País” es una realidad diferente y que se presenta contra la derecha oligárquica de los Noboa (principal burgués ecuatoriano) o a Jaime Nebot alcalde de Guayaquil (procedente del Partido Social Cristiano)que son y están ligados a las realidades oligárquicas que han controlado Ecuador desde siempre. Pero su modelo de modernización capitalista y estatal le lleva inevitablemente a contraponerse a las exigencias y expectativas populares. Como demuestra su enfrentamiento y el desalojo de los mineros artesanales en el pueblo de Paquisha, en el sur de Ecuador hace tres semanas, o su enfrentamiento con poblaciones autóctonas y campesinos en defensa del territorio y del agua frente a intentos de usarlo, por parte del Gobierno de Correa, como fuente de extracción de recursos en concomitancia y acuerdo con transnacionales. A su vez no queremos realizar un panorama idílico de las organizaciones indígenas y autóctonas ecuatorianas, y mucho menos de sus expresiones políticas, como el Pachakuti, que en el pasado apoyaron además a Lucio Gutiérrez. Pero sí queremos resaltar, destacar y desvelar la naturaleza del gobierno de Correa, su carácter capitalista y autoritario que le ha llevado a enjuiciar a un centenar de dirigentes populares (y de izquierda). Entre los perseguidos están los presidentes de la CONAIE y Ecuarrunari, las mayores organizaciones indígenas del país; la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE); múltiples dirigentes campesinos que defienden su agua ante las transnacionales mineras; estudiantes universitarios como el presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, detenido desde hace ya casi 10 meses.
Ecuador vivió diez años de levantamientos y crisis desde 1997 cuando una amplia movilización popular derrocó a Bucaram a principios de 1997. Desde entonces se sucedieron 7 presidentes, ninguno de los cuales terminó su mandato. Vivió otros momentos álgidos derrocando a Mahuad en el año 2000 donde surgieron tendencias a la acción directa multitudinaria con los “parlamentos populares” que surgieron a nivel local y la expulsión de Lucio Gutiérrez en 2005 donde volvió a resonar el hartazgo de la política con el lema popular “qué se vayan todos”, a los que Gutiérrez denominó “forajidos”. Rafael Correa alcanzó el poder en las elecciones de noviembre de 2006, desde entonces ha tratado de llevar a cabo una recomposición de régimen político sobre la base de un proyecto de modernización reformista del capitalismo subalterno ecuatoriano, que a su vez tuviese la capacidad de reconducir institucionalmente las exigencias populares. Para nosotras/os los sueños y las posibilidades de liberación de las poblaciones ecuatorianas se angostan y se pierden en las complicadas y regresivas mallas de la política institucional. Puede ser desde la solidaridad y el protagonismo de los de abajo donde mejor germinen dichas esperanzas. Quizá volviendo, re-pensando y mejorando las experiencias protagonizadas por millones de personas en esos diez años que derrumbaron a 8 gobernantes en Ecuador.
Esta es una discusión y un diálogo que queremos realizar no sólo hacia Ecuador, sino con las cientos de miles de personas de origen ecuatoriano que habitan en España y con todas/os aquellas/os que aspiramos a una búsqueda de liberación de la humanidad. Es una discusión que compete a las esperanzas de liberación y a las ilusiones que despiertan los hacedores más “reformistas y progresistas” de la política desde Correa en Ecuador a Zapatero en España, pero también al camino sin salida emancipadora al que conduce el trillado recorrido de su política institucional.



