La reciente condena de Arnaldo Otegi y Rafael Diez Usabiaga a 10 años de prisión, y la de otros tres miembros de la izquierda abertzale a 8 años, es seguramente un ejemplo de los criterios que rigen el funcionamiento del poder judicial. Aclaramos, poder judicial y no justicia.
Otegi y Usabiaga son destacados dirigentes de la izquierda abertzale que se han caracterizado por animar las organizaciones políticas y sindicales que integran hacia una apuesta de participación en los espacios de la democracia estatal, separándose definitivamente de la acción terrorista, aunque fuera un recurso complementario a la presencia parlamentaria o municipal como ha sido en la últimas décadas. Es bastante evidente que la actividad de los dos imputados no se puede asimilar, ahora menos que nunca, a la práctica militar y clandestina de ETA. Afirmar que Otegi y Usabiaga son integrantes de ETA aparece por lo tanto bastante problemático, más bien una mentira interesada. Condenarlos, sobre esta base, a 10 años de prisión es una evidente injusticia.
Como en otros casos, esta sentencia parece responder a intereses políticos específicos. Intereses políticos, es decir inspirados por la lógica de la opresión de los estados sobre la sociedad. Son parte de esta lógica también las mentiras, las mistificaciones, los chantajes y las amenazas entre los diferentes actores de este juego sucio y entre los poderes que en el participan. En este juego y con la misma lógica se enfrentan, a su vez, intereses políticos específicos y contrastantes, desde el PP al PSOE, hasta la misma izquierda abertzale. No es casual que los comentarios de los principales exponentes políticos sobre esta sentencia se hayan caracterizado por el hecho de considerar si acerca o en cambio complica la “paz” en Euzkadi, cuando, a rigor de lógica, se trataría de evaluar la inocencia o la culpabilidad de unas personas concretas de cara a unas imputaciones concretas.
Puestos a razonar con los criterios de la política, es lícito sospechar que esta sentencia obedece al objetivo de enardecer coyunturalmente el proceso de plena normalización democrática de la izquierda abertzale con la consecuente y definitiva desaparición de ETA. Proceso que parece, por muchas razones, irreversibles, sobre todo a partir del progresivo aislamiento en el que se ha ido encontrando la organización terrorista incluso en la sociedad vasca. En términos electorales, la sentencia, por su mensaje de provocación, puede en cambio beneficiar justamente a Bildu, la nueva sigla de la izquierda abertzale. Sin embargo, en lo inmediato ayuda también al PP o, por lo menos, impide que, de cara al 20 N, el PSOE pueda apuntarse el valioso tanto de un paso cualitativo hacia la definitiva “solución” de la situación en Euzkadi.
Naturalmente en todo esto la justicia, como valor ético, brilla por su ausencia.
Nosotros consideramos que con esta sentencia se priva injustamente de la libertad a cinco personas. Otegi y Usabiaga, como el resto de los condenados, no merecen ser condenados por el delito que se les imputa. Sin embargo, reclamar su libertad no significa por nuestra parta sentir ni expresar ninguna solidaridad con estos exponentes políticos que defienden la misma lógica, las mismas instituciones y la misma visión de la justicia, de las que hoy son víctimas. Una visión que somete y anula las exigencias éticas al interés político y que les ha hecho mantener una inaceptable complicidad moral con la práctica cobarde y asesina de ETA si bien no fuesen parte de esta organización terrorista.
Rocco Rossetti, 19 de septiembre.
