Denunciamos la campaña de criminalización contra el independentismo catalán

En las últimas semanas se ha puesto en marcha una campaña de criminalización del independentismo catalán.

La detención de 9 miembros de los CDR en Catalunya el lunes 23 de septiembre, por un presunto delito de terrorismo ha sido la primera provocación del Estado español en vista del aniversario del 1 O y, sobre todo, de la sentencia contra el Procés prevista para mediados de este mismo mes. La acción de la fiscalía y de la Guardia Civil, con el inmediato apoyo del gobierno, de las derechas y de un amplio abanico mediático tenía un mensaje claro: deslegitimar al independentismo catalán asociándolo al terrorismo.
Las denuncias sobre la irregularidad de las detenciones se han sucedido. Ya no sólo las de los abogados de Alerta Solidaria sino del propio Sindic de Greuges (el Defensor del pueblo catalán). Rafael Ribó, el viernes 27 de septiembre, ha denunciado la violación de los derechos de los acusados, empezando por el derecho a disponer de un abogado en el momento de la detención y el de comunicar su detención a la persona que el detenido considere oportuna.

Las personas detenidas han pasado 30 horas bajo custodia policial sin asistencia de letrados. Tampoco se ha respetado el derecho que toda persona tiene a conocer de qué se le acusa, esgrimiendo como argumento el secreto de sumario decretado por el juez instructor.

Sin embargo, la Guardia Civil no ha dudado en difundir inmediatamente imágenes que demostrarían el supuesto arsenal de los detenidos, así como en filtrar las supuestas declaraciones de dos de los acusados que admitían la intención de organizar acciones, en todo caso contra cosas y no personas.
Los tintes y objetivos políticos de las detenciones ya parecían evidentes. Sin embargo, para completar la escalada de criminalización, han llegado otras “filtraciones” de autos judiciales que implicarían al mismo Torra y a Puigdemont. La derecha no ha dudado un segundo en asociar sus nombres a un “proyecto terrorista”. Poco después, ante la probable sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra los lideres independentistas, una resolución del Parlament catalán que afirma “la legitimidad de la desobediencia civil como instrumento de defensa de derechos civiles lesionados” ha sido el pretexto para otra escalada de amenazas, en las que el PP, Ciudadanos y PSOE han vuelto a nombrar la posibilidad de la aplicación del artículo 155 (la suspensión de la autonomía catalana) o la Ley de Seguridad Nacional (el mando del gobierno español sobre la policía autonómica y otras medidas).

A lo largo de todos estos años, las movilizaciones independentistas en Catalunya han tenido un carácter masivo y pacífico. El ejercicio de la violencia ha sido, en cambio, una constante de las fuerzas represivas tanto estatales como autonómicas. Sin olvidar los grupos de inspiración fascista. Llama la atención por tanto, aunque no sorprende, que en el aniversario del 1 O, cuando la represión de la Policía y la Guardia Civil se abatió contra miles y miles de personas que acudían a votar al referéndum, el Estado español trate de dibujar una imagen falsa y violenta de la gente de Catalunya.
En relación a los 9 detenidos del 23 septiembre, ya veremos si se trata de un montaje o una exageración intencionada de la acción delictiva. En todo caso, aunque lo estén violando justamente quienes deberían defenderlo, vale el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Esto, evidentemente, no significa no ver los peligros que la frustración puede generar en algunos sectores independentistas. Si alguien piensa responder a las posibles condenas penales de los líderes independentistas con acciones violentas o actos de sabotaje, sería algo muy negativo y peligroso. Acciones de este tipo supondrían un contraste y un ataque abierto con respecto al carácter de las movilizaciones por la libertad y la autodeterminación de todos estos años. Supondría asumir los métodos de los aparatos estatales, además de ofrecer cómodos pretextos a su represión y a la intoxicación política y mediática españolista.

Por todo esto, ante las movilizaciones de este mes en Catalunya, es deseable que la firme denuncia de las maniobras y provocaciones del Estado español no sólo no suponga cobertura o justificación a algunas prácticas violentas y minoritarias sino que se acompañe de la prevención y el aislamiento de acciones que sólo causarían perjuicio a la más amplia expresión del sentimiento de libertad e independencia.

El sentimiento de independencia en Catalunya sigue vivo y está destinado a crecer. Sin embargo, se ha cerrado una fase en la que la política independentista y los políticos independentistas, han alimentado falsas ilusiones hacia la posibilidad de constituir una República catalana a través de una negociación con el Estado español. El fin del Procés está suponiendo represión, conflictos políticos y frustración pero no soluciones. Mientras denunciamos la represión del Estado español y reclamamos la libertad de los detenidos políticos, nos desmarcamos también de la demagogia de todas las partes políticas, ya sean españolistas como independentistas. Una República catalana libre es un derecho y una posibilidad que podrán realizarse, creemos, sólo a través de un proceso que abrace también la libre autodeterminación de todas las poblaciones de la península. Una perspectiva progresiva de solidaridad y federación más allá del régimen y de la Monarquía.