La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras repercute con fuerza en la precaria realidad política española y ahonda la imagen de crisis aguda del régimen monárquico constitucional. El Tribunal europeo, en síntesis, viene a decir que Junqueras, una vez elegido parlamentario europeo, tenía que ser puesto en libertad y que su procesamiento por la Justicia española tenía que pasar por la autorización previa del parlamento de Estrasburgo. O sea, tenía que ser esta institución quien decidiera si Oriol Junqueras podía ser procesado o si era víctima de persecución política. En definitiva, Bruselas está acusando al Tribunal Supremo español de una gravísima violación de los derechos tanto de Junqueras como de las 733.000 personas que le votaron en Catalunya. Una arrogancia sólo explicable con la lógica política y represiva de la Corte Suprema, que se ha elevado como extremo poder represor del Estado.
La condena a Junqueras, ya de por sí injusta, se basa entonces sobre esta privación de derechos. En efecto, el parlamento europeo podía negarse a aceptar el suplicatorio español y Junqueras no habría podido ser juzgado y condenado.
Hablamos de derechos y de la interpretación que de ellos hacen instituciones que consideramos, en todo caso, opresoras. Ahora bien, un contraste tan fuerte entre instituciones político judiciales, europeas y españolas en este caso, es revelador de una injusticia sustancial que priva de la libertad a una persona y que lanza una sombra aun más inquietante sobre el conjunto del Juicio contra los independentistas catalanes.
Si hubiera un mínimo de coherencia, esto debería llevar a una declaración de nulidad del Juicio. Pero es muy difícil que la Alta Corte asuma la evidente injusticia y el grave atropello que ha supuesto su manera de proceder. Con lo cual su desprestigio será aun mayor.
No serán menores las consecuencias estrictamente políticas. El partido de Junqueras, ERC, exige que se asuman las consecuencias de la resolución de Bruselas, poniendo en un grave aprieto al PSOE. Además, como Junqueras se quedará probablemente en la cárcel, los principales beneficiarios de esta situación son Carles Puigdemont y Junts per Catalunya, es decir los rivales de ERC dentro del independentismo catalán, lo cual les obligará a endurecer su discurso y sus condiciones para abstenerse.
Pedro Sánchez ve peligrar por tanto su investidura. Su eventual renuncia y la marcha hacia nuevas elecciones elevarían la decadencia del régimen español hasta niveles
inesperados
R.R. 19 diciembre 2019