Cañada Real. Crisis humanitaria en la capital del reino

Nadie debería vivir sin electricidad si no dispone de otro modo de atender necesidades básicas de la vida como son la calefacción, el agua caliente, la luz, la nutrición. Aún menos en invierno, aún menos bajo una pandemia que tiene en la higiene una de las más eficaces medidas de protección, aún menos bajo una inusual ola de frío como la que ha azotado Madrid desde el pasado 8 de enero. Y sin embargo, 4.500 personas, entre ellas 1.800 niños y niñas, llevan más de tres meses sin ella en los sectores V y VI de la Cañada Real, que pertenecen al Ayuntamiento de Rivas (la mayoría) o de Madrid. Cuando se pone el sol, cada vez antes en los meses que rondan el solsticio de invierno, se acaban los juegos y los deberes. La educación online tan aclamada en estos tiempos de covid es impensable. El frío ha traído las hogueras y las bombonas de butano y con ellas intoxicaciones y pequeños incendios. Un bebe ha sido ingresado por hipodermia, un hombre de 74 años ha muerto por el frío y hasta la ONU ha pedido que se de atención sanitaria urgente a Lina, que con tres años y una bronquiolitis necesita electricidad para curarse.
En esta situación solo la tenacidad de los vecinos y las vecinas y la solidaridad de las mejores personas comunes, de los voluntariosos que no se resignan, mantienen la esperanza. Se trata de una exigencia existencia elemental pero también de dignidad. Así se lo han hecho saber a Almeida, el alcalde de Madrid, cuando ante la inminente ola de frío ha propuesto abrir una fábrica de muebles en desuso con calefacción y 600 camas.
No, le han dicho, es peligroso por la pandemia pero además casas y camas tenemos, lo que queremos es tener luz y pagarla. Esta respuesta contrasta con el discurso de la Comunidad de Madrid que criminaliza a los vecinos y vecinas tratándoles de delincuentes y traficantes (“tienen porsches en las puertas de sus casas pero no quieren pagar la luz”, decía de ellos Ayuso) respaldando a Naturgy, la compañía eléctrica responsable, que alega que si no hay luz es por la proliferación de plantaciones de marihuana. Pero es precisamente la mayoría de las personas que habitan en estas zonas quienes sufren la delincuencia y el tráfico de drogas de una minoría, son personas con pocos recursos que quieren pagar la luz y que si no viven en otra zona, como muchos y muchas dicen, es porque no pueden permitirse los altos precios de alquiler con los sueldos o subsidios tan bajos que reciben.
La cuestión de la Cañada viene de lejos: ningún Ayuntamiento (tampoco el de Rivas, con IU en la alcaldía) quiere un asentamiento que combina casas (que pagan desde hace décadas el IBI y las tasas de basuras) y chabolas, en las que viven muchas personas de etnia gitana o inmigrantes, más aún cuando hay intereses inmobiliarios rondando. Les hacen la vida imposible de muchas maneras, esperando que se cansen y se vayan, apoyándose en el racismo que infecta a los peores sectores de las sociedades y a la generalización de que son delincuentes. Tampoco el gobierno central ha hecho nada al respecto, pero poco se puede esperar de quien, a propósito de necesidades elementales como la luz, se permite subir su precio en un momento tan complicado como el que vivimos.
El pasado 11 de enero el alcalde de Rivas acompañó a técnicos de Naturgy para que desconectasen las torretas que más demanda de electricidad tenían (signo de que no eran usadas por familias) en el sector V. La luz no ha vuelto pero parece que se abre la posibilidad de que lo haga próximamente, algo lejano todavía para los vecinos y vecinas del sector VI. No es tan difícil, entonces: lo que falta es voluntad de defender condiciones de vida digna para todos y todas. Expresamos nuestra solidaridad con todos los vecinos y vecinas, como hemos hecho en otras de sus luchas en el pasado y denunciamos a los responsables de esta crisis: nos sumamos a la exigencia de una solución inmediata alertando de las esperanzas de que de ellos venga una solución de conjunto y duradera.