Ley del “sólo sí es sí”. Las perjudicadas son las víctimas.

Los hechos llenan telediarios y titulares: la entrada en vigor el pasado 7 de octubre de la conocida como Ley del “sólo sí es sí” está dando lugar a la revisión de condenas previas por delitos sexuales y a la reducción en algunos casos de las penas de prisión. ¿La razón? Esta ley, que ha unificado en el delito de “agresión sexual” la distinción que la ley anterior hacía entre éste y el “abuso sexual” (recogiendo la exigencia de miles y miles de mujeres que salieron a las calles ante la sentencia de “la manada”) ha reducido las penas. Y, según se recoge en el Código Penal, si alguien ha sido juzgado por un delito y en una nueva ley se reducen las penas asociadas al mismo, puede acogerse a esta ventaja a través de una revisión.
Así, una ley que se supone pretendía corregir problemas de la anterior para aumentar la protección de las mujeres ante delitos sexuales, tiene fallos que traen nuevos problemas para las víctimas. Desde el ámbito judicial distintas voces alertaron de este peligro al conocer el borrador. También lo hizo ERC, que planteó dos enmiendas al respecto, aunque terminó votando a favor de la Ley a pesar de haber sido rechazadas.
Del mismo modo desde asociaciones feministas se criticó la reducción de penas así como se hizo en algunos artículos periodísticos que analizaron el entonces proyecto de Ley. Pero la titular del Ministerio de Igualdad, desoyendo estas críticas y tildando otras de “bulos machistas”, siguió adelante respaldada por el Consejo de Ministros. Y la Ley se aprobó en el Parlamento con el apoyo de los socios habituales del Gobierno.
Las interpretaciones de los hechos de estos días varían de unos a otros, sujetas, como es habitual, a los intereses políticos de cada cual. El PP se apunta el tanto de “ya lo dije” (no votaron a favor de la Ley) y critica a Pedro Sánchez por mantener a Montero (de Podemos) como Ministra de Igualdad. Vox aprovecha para arremeter contra la que llama “ideología de género”. En el PSOE, dividido respecto a la consideración de la Ministra por su propuesta de Ley Trans, algunas voces apuntan a que quizás, visto lo visto, habrá que revisar la ley. Podemos cierra filas en apoyo de su Ministra, que echa toda la culpa al sesgo machista con el que algunos jueces aplican la Ley. Y el Presidente del Gobierno no se moja ni con unos ni con otros: defiende la ley y dice confiar en los jueces, que ahora deben unificar la doctrina.
De todo este barullo podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, que la política, también cuando la encarnan mujeres, está impregnada de lógicas machistas: la arrogancia, la presunción que lleva a la sordera, el querer sacar rédito a toda costa. Solo así se explica la prisa y la falta de cuidado en la elaboración de una Ley que junto a la Ley Trans es el proyecto estrella de Irene Montero y la baza de su partido, Podemos, en el Gobierno. En segundo lugar, que sí, hay un sesgo machista en la aplicación de las leyes. Pero que a la Ministra le sorprenda es escandaloso: cualquier mujer mínimamente preocupada por la vida y la libertad de las mujeres lo sabe. De hecho, para “respaldar” esta afirmación Montero ha nombrado como fuente una declaración de la ONU; le bastaba haber escuchado lo que miles de mujeres gritaron en las calles ante la sentencia de “la manada”.
Quizás lo más importante sea aprender que el patriarcado atraviesa todos los poderes del Estado, y que por eso, sin renunciar a defender nuestros derechos y exigir leyes mejores sino haciéndolo sin tregua, es la unión entre mujeres lo que puede marcar la diferencia.