El 16 de noviembre, con la formación del gobierno de coalición de PSOE y Sumar, ha culminado el proceso que comenzó con las elecciones del 23 de julio, cuando la reacción en las urnas de mucha gente de izquierdas ante el peligro de un gobierno de PP y Vox paró el avance de éstas derechas.
Se ha constituido una mayoría de 179 diputados correspondiente a 8 partidos (PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y CC) que ha investido a Pedro Sánchez como presidente del nuevo gobierno español, contra los 171 diputados de las derechas españolistas. La condición para esta nueva mayoría era la Ley de Amnistía, que abarca el periodo que va desde enero 2012 hasta noviembre 2023 y afecta a imputados y
condenados por el llamado Procés catalán.
Esta amnistía no es más que una mínima reparación ante las medidas represivas emprendidas por el Estado español contra el movimiento independentista catalán que antes, durante y después del referéndum del 1 de octubre de 2017 ha sufrido la violencia policial y el procesamiento de dirigentes y activistas bajo la absurda acusación de rebelión. Esta medida supone también, por esta razón, desacreditar toda la acción judicial del Estado y en primer lugar del Tribunal Supremo encargado de dirigirla.
La reacción de las derechas llamando a la movilización contra el nuevo gobierno confirma su especial naturaleza autoritaria abanderada del nacionalismo español. El PP moviliza las instituciones del poder judicial en contra del gobierno, llegando a acusar previamente el Tribunal Constitucional por si este fallase a favor de la Ley de Amnistía, mientras señala públicamente a los parlamentarios que han votado por la ley. Vox denuncia un “golpe de Estado” y tilda a Sánchez de “dictador”, amparando la reacción violenta de los grupos de la extrema derecha neo franquista que asedian o atacan los locales del PSOE. En las concentraciones bajo la sede central del PSOE de Madrid, la violencia de la extrema derecha se acompaña con consignas racistas, homófobas y machistas, además de con cánticos e insignias franquistas. En este clima, no sorprende que un grupo de generales retirados haya llamado a las fuerzas armadas a levantarse contra el gobierno, al igual que lo ha hecho una asociación de la Guardia Civil.
Se trata de grupos de nostálgicos que se alimentan de la hostilidad y del odio anti catalanista que, sin embargo, es bastante más difuso y que las campañas de estas derechas alimentan de manera irresponsable. Los grupos neo franquistas, si bien muy minoritarios, representan un peligro al sentirse envalentonados por el clima creado.
Si bien determinado por las circunstancias y “haciendo de necesidad virtud”, los acuerdos de Sánchez con el independentismo catalán (un proceso de negociación con
“verificadores internacionales”) abre un nuevo marco en la relación entre gobierno y nacionalidades históricas.
Algo significa que, excepto el PSOE y Coalición Canaria, los partidos que componen la mayoría parlamentaria sean contrarios a la Monarquía y, en el caso de PNV, EH Bildu,
ERC, Junts y BNG aspiren a la independencia de sus territorios. Una postura que se manifestó en su ausencia en el reciente acto en el que la heredera al trono juró su fidelidad a la Constitución.
Por otro lado, el programa del gobierno de coalición del PSOE y Sumar será la continuación del anterior, es decir, medidas que proponen mejoras de las condiciones materiales de la gente pero que no supondrán mejoras cualitativas en la vida de las
mayorías sociales, como demuestran, por ejemplo, los datos sobre el poder de compra de los salarios o el acceso a la vivienda.
En definitiva, un gobierno que, como esperaban quienes lo votaron, frena el avance de las derechas del PP y Vox, lo cual evidentemente es positivo pero que, como es normal,
no levanta grandes entusiasmos.
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18 de noviembre de 2023